El Centro Mariano de Investigación Social publicó su informe número 21 donde realiza un análisis de la situación educativa en Argentina, tomando como referencia datos estadísticos de pruebas PISA y del Ministerio de Educación. A través de la propuesta del «ver, juzgar y actuar», el estudio pone el foco en la distribución de recursos y obligaciones entre Nación y las provincias para la gestión educativa.
«El desafío es organizar el sistema educativo en consonancia con los mecanismos constitucionales vigentes que, desde la óptica de la Doctrina Social, se conforman con el principio de subsidiariedad. Esto implica clarificar de manera taxativa los roles del nivel nacional y del nivel provincial del Estado. El Ministerio de Educación nacional debería tener prohibido inmiscuirse en acciones de financiamiento y gestión de la educación básica, para que quede claro que los resultados (malos y buenos) son exclusiva responsabilidad de cada provincia», expresa el informe en sus propuestas.
